14 agosto, 2015
Por Harold Vásquez, Ph.D.
Milan Kundera, en su célebre novela La Insoportable Levedad del Ser, nos cuenta la historia de Tomás, un reconocido intelectual y médico cirujano checo, quien, por haber publicado un artículo considerado “ofensivo”, fue acosado por las autoridades del gobierno soviético, luego que las tropas del Pacto de Varsovia invadieran y ocuparan la ciudad de Praga en agosto de 1968. En ese entonces, nos cuenta Kundera, la forma de perseguir a la clase intelectual era aplicando amonestaciones que les impidiera ejercer su profesión, ya que, por lo general, era difícil obtener a través de incentivos económicos el apoyo de los intelectuales que estaban contra el régimen.
Las regulaciones al ejercicio de algunas profesiones —ya sea mediante el establecimiento de licencias profesionales, requisitos de exequátur, colegiaturas obligatorias, entre otras formas—han sido justificadas históricamente bajo el argumento de que el objetivo buscado es garantizar la calidad del servicio brindado y aumentar el beneficio de la sociedad mediante la reducción del riesgo que se podría derivar de una mala práctica profesional. Sin embargo, la evidencia muestra que estas regulaciones sólo han servido para limitar la competencia y asegurar ciertos privilegios al sector regulado. Por ejemplo, en un estudio reciente publicado por la Oficina de Políticas Económicas del Departamento del Tesoro Estadounidense se determinó que las leyes que regulan los ejercicios profesionales terminan elevando los precios de los bienes y servicios, no aumentan la calidad y los consumidores terminan pagando hasta un 15% más por los servicios contratados de los profesionales sujetos a la regulación (ver “Licencias ocupacionales: Un marco para hacedores de políticas”, Departamento del Tesoro, julio de 2015).
Con el proyecto de ley que crea el Colegio Dominicano de Economistas (CODECO), aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 21 de julio (sin vistas públicas, declarado de urgencia y liberado del trámite de lectura!), los dirigentes del CODECO quieren continuar la práctica de asegurar privilegios al sector que dicen representar, bajo la excusa de que sólo buscan beneficiar a la sociedad. Estos privilegios surgen a partir del hecho de que el CODECO pretende constituirse en el organismo rector de las ciencias económicas, con capacidad de establecer cuáles son las funciones atribuibles al profesional de la economía y de decidir quién tiene el derecho a ejercer la profesión.
Más aún, con este proyecto el CODECO no sólo pretende violentar el principio de la libertad de asociación y de ejercicio profesional establecida en nuestra Constitución (Artículos 48 y 50), sino que también el CODECO se atribuye la facultad de “suspender o inhabilitar a los colegiados en el ejercicio de la profesión” cuando estos cometan faltas consideradas “graves” por los dirigentes del colegio. No conforme, el CODECO se atribuye el derecho de establecer la “censura pública” a los profesionales que disientan de las normas emanadas por sus autoridades, haciéndonos retroceder a las décadas más oscuras de represión de la libertad de opinión (ver Artículos 14, 32 y 33 del Proyecto de Ley CODECO).
Otros aspectos preocupantes de este proyecto de ley conciernen a los jóvenes que en la actualidad se forman en las ciencias económicas, no sólo en el país sino también en el exterior. Para ejercer la profesión, el CODECO exige una reválida de los títulos obtenidos en el extranjero. Sin embargo, los ejecutivos del CODECO ignoran que en nuestro país actualmente sólo se imparte una limitada cantidad, de la amalgama de especialidades, de maestrías en economía que existen en el mundo, y que tampoco se imparten programas doctorales. Por tanto, no es muy claro cómo nuestros futuros profesionales podrán revalidar títulos universitarios que no son otorgados en nuestro país. A esto debemos añadir que el CODECO exige la presentación de credenciales de los académicos, consultores y demás especialistas invitados y traídos desde el extranjero para realizar una labor de consultoría o enseñanza, reservándose el derecho de aprobación de los mismos. A nuestro entender, el CODECO tendrá que ofrecer sólidos argumentos para justificar cómo evaluará a expertos con formación y experiencia que posiblemente no se encontrarán en el organismo evaluador. Al final de la historia que nos narra Kundera, Tomás prefirió terminar sus días degradado y olvidado como limpiador de ventanas. Su historia nos enseña que los atentados contra la libertad también pueden surgir de manera de sutil, progresiva y hasta sin que nos demos cuenta de ello. Sin embargo, al igual que al rey Edipo, esto no nos exime de culpa y debemos estar atentos ante tales peligrosas sutilezas si no queremos que las futuras generaciones nos reclamen: “¡Si tuvieseis ojos, deberíais atravesároslos y marcharos de Tebas!”